18 nov. 2013
Honorable Señor Diputado:
Cordialmente acusamos recibo de su comunicación
citada en la referencia, mediante la cual nos presenta su punto de vista en
torno al proyecto de ley de su autoría, para regular las operaciones de tarjetas de crédito y débito, sometido frecuentemente
nueva vez a vistas públicas, al tiempo que nos permitimos, muy respetuosamente,
hacer unas breves puntualizaciones sobre algunos comentarios de la referida comunicación,
que a nuestro entender ameritan ser aclarados, en aras de contribuir al proceso
de evaluación que sobre este importante proyecto de ley lleva a cabo la Comisión
Permanente de Hacienda de esa Honorable Cámara de Diputados.
En primer lugar, ha llamado nuestra atención
el planteamiento relativo a que nuestro supuesto “privilegiado posicionamiento en el tren gubernamental, se satisface
con los exitosos balances reportados por las instituciones bancarias y los
niveles constantes en que se conservan las tasas de cambio de las monedas
extranjeras” , indicando en contraste, que “la satisfacción del legislador se
expresa en relación directa con propuestas legislativas en beneficio de las
comunidades que representamos”, loable actitud que comprendemos desde la óptica
del Congreso Nacional que propugna por alcanzar los mejores intereses de la
sociedad dominicana.
Sin embargo, sobre el particular nos
permitimos apuntalar, que el rol del Banco Central, el cual hemos asumido en
calidad de Gobernador y presidente de la junta monetaria con total entrega, va mucho más allá de la vigilancia al
balance de las entidades bancarias y de la estabilidad cambiaria, pues tratamos
de concentrar todos nuestros esfuerzos en velar por el bienestar del pueblo
dominicano, al igual que usted en su rol de legislador, desde el momento en que
trabajamos para garantizar la estabilidad de precios, a sabiendas de que
los altos niveles de inflación constituyen el impuesto que más lacera a esas mismas comunidades que tanto le
preocupan, lo que aunado a cualquier tipo de inestabilidad y/o debilidad
que pudiera presentar el sector financiero, cuya regulación reglamentaria emana
de la Junta Monetaria, afectaría el buen desenvolvimiento de la economía, limitando el poder adquisitivo de nuestra
gente, su capacidad de crecer y aspirar a empleos y salarios que le
permitan vivir con dignidad.
Por consiguiente, Sr. Diputado Matos,
desde el Banco Central sí estamos
comprometidos con regular al sector financiero “con visión humana”, y sí nos
preocupa que los usuarios de tarjetas de crédito puedan verse afectados por
acciones unilaterales no transparentadas o equilibradas, pues de hecho
hemos venido trabajando desde hace varios años en instrumentar las regulaciones para lograr que este servicio de
uso masivo sea efectuado cubriendo todas
sus aristas, las cuales van desde normativas del tipo de crédito y provisión
para cobertura de riesgos, las asociadas al sistema de pago, las relativas a la
protección al usuario, las de los niveles de transparencia, aspecto contractuales,
hasta controles de comisiones y cargos, entre otras que constituyen muestra fehacientes
de los esfuerzos realizados por la Administración Monetaria y financiera, no
solo para establecer las necesarias regulaciones con que debe operar la banca,
sino con fines de lograr, con genuino y firme interés, que todos los usuarios
de servicios financieros puedan desenvolverse satisfactoriamente sin el llamado
“trato abusivo” al hacer uso de ellos. Es un arduo proceso, no obstante lo
importante es adoptar las medidas, darle el debido seguimiento y esperar que
maduren los resultados.
Otro planteamiento que merece nuestra aclaración,
es el relativo a que en las Vistas Públicas del Proyecto de Ley que nos ocupa
celebradas el pasado 7 de noviembre, el Banco Central, representado por la Lic.
Carmen Angélica Fondeur, Asesora de esta Gobernación, según el parecer ese
despacho, estaba “actuando como un apéndice de la Asociación de Bancos (ABA)”,
al corroborar la posición planteada por dicha Asociación, en el sentido de que
ya existen leyes y normativas que regulen el mercado de las tarjetas de
crédito.
Nos apena sobre manera que un tema
eminente técnico e institucional como el que nos ocupa, se traslade al ámbito personal,
adjetivando postura posturas como la asumida por la Lic. Fondeur quien en representación
de este Banco Central lo que hizo fue, exponer su punto de vista en base al
derecho inalienable que le asiste a todo funcionario o ciudadano que expresa su
sentir, en medio de una sociedad democrática y pluralista como la nuestra.
Por ello, basándonos en el sentido de
institucionalidad y de libertad de expresión que debe prevalecer en el debate
de cualquier tópico, nos permitimos reiterar, muy respetuosamente, los términos
del informe emitido de la Oficina Técnica
de Revisión Legislativa (OFITREL) de la Honorable Cámara de Diputados sobre
este particular, cuya copia fue anexada al expediente entregado por el Banco
Central en las referidas Vistas Públicas, y en cuyo texto se indica que “una cantidad considerable de los aspectos
abordados por el Proyecto de Ley, ya han sido reglamentadas por el órgano regulador
que tiene a su cargo la supervisión del cumplimiento de las distintas normas….”
Poniendo como ejemplos el Reglamento de Protección al Usuario y las Circulares
de la Superintendencia de Bancos, emitidas al amparo de la Ley Monetaria y
Financiera, normativas existentes, que precisamente
forman partes de las regulaciones listadas por el Sr. González de la ABA en la
citada ocasión, y que por ser un hecho irrefutable y reiterativo, fue
simplemente corroborado por la Lic. Fondeur con base documental.
De la misma forma se ha expresado la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc
(FINJUS) entidad que históricamente ha
dado muestra de su compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática
y el afianzamiento de la seguridad jurídica de nuestro país, y que en ocasión
de presentarse ese importante
Proyecto d Ley, también ha levantado su voz para manifestar su opinión,
mediante una comunicación que nos dirigiera el pasado 7 de noviembre, cuya
copia nos permitimos adjuntar a la presente, con la finalidad de que muy
cordialmente le confiera una mirada serena y objetiva a tan sopesado análisis jurídico
y sus contundentes conclusiones, pues ciertamente no tiene desperdicios.
Como podrá apreciar en la referida comunicación
anexa Sr. Diputado Matos, la FINJUS en su tercer párrafo señala, refiriéndose a
los servicios de tarjetas de crédito, que “dichos
servicios se encuentran regulados” y coincide con el detalle de la mismas
regulaciones, reglamentos e instructivos que señalara el referido Informe de la
OFITREL, así como en lo expuesto en ese sentido por el Lic. González de la ABA
y por la Lic. Fondeur de este Banco Central en la referida Vistas Públicas. De ahí
que, tal como lo reitera la FINJUS, “no
se puede afirmar que se carece de ordenamiento regulatorio al respecto”, y
más aún ante una base argumental tan evidente, corroborada por entes totalmente
independientes y ajenos a la Administración Monetaria y Financiera, por lo que
a todas luces carecen de sustento los comentarios de su comunicación que
califican de “insustanciales” los planteamientos de nuestra representante en
dichas Vistas Públicas, cuando un ente
de análisis de la misma Cámara de Diputados, lo ha afirmado por escrito.
Pero los planteamientos esbozados por
nuestra representante, no se quedaron en esa contundente evidencia, la posición
del Banco Central abarca además fundamentos de corte constitucional, aspectos
contradictorios del Proyecto con respecto a los argumentos en materia de
sanciones, elementos de duplicación regulatoria que podrían generar conflictos
a los órganos actuantes en este ámbito en detrimento de los tarjehabientes, así
como requerimientos de educación financiera como paleativos para defender sus
derechos, entre otros aspectos importantes que
trascienden la posición de la propia ABA.
Al
respecto precisa destacar el alto grado de independencia incuestionable, en que se
sustenta el enfoque integrado de la Administración Monetaria y Financiera que
bifurca su óptica reguladora y Al
respecto precisa destacar el alto grado de independencia incuestionable, en que
se sustenta el enfoque integrado de la Administración Monetaria y Financiera
que bifurca su óptica reguladora y fiscalizadora sobre el sector financiero, sin miramientos que puedan desarticular su
propósito de regular con fino equilibrio en base a las mejores prácticas, y sin
perjuicio de los usuarios de todos los servicios financieros. De hecho, las
recientes disposiciones reglamentarias de la Junta Monetaria de febrero pasado,
han de tener un fuerte impacto sobre las ganancias de las entidades emisoras de
tarjetas de crédito, en favor de los usuarios de estos servicios financieros.
Si bien respetamos sus buenas
intenciones, al concebir y someter este Proyecto de Ley con miras a “crear un
régimen de efectiva protección a los tarjetahabientes”, tal y como lo indica la
FINJUS en su comunicación anexa, en la que analiza de manera puntual los
aspectos constitucionales que le hemos planteado muy cordialmente en varias
oportunidades, “la aprobación del mismo podría producir una quiebra regulatoria
institucional que se traduciría en verdaderos obstáculos para dicha
protección...al tiempo que sentaría un
precedente que podría dar lugar a futuras vulneraciones con los consecuentes
efectos sobre la seguridad jurídica”, sucesos que ni usted en su calidad de
legislador, ni nosotros, deseamos para este hermoso país, y más aún por nuestra
condición común de ser dominicanos que luchan por una sociedad más justa con
óptimo bienestar.
Es por todo lo antes expuesto
distinguido Diputado Matos, que ante esta realidad de estar unidos por la misma
causa, dada la existencia de un marco
regulatorio ahora más completo y fortalecido conforme a los mejores estándares
internacionales en la materia, y de la plena entrada en vigencia de su proceso
de implementación, entendemos como lo más razonable y sensato, que aunemos
esfuerzos para que las entidades emisoras de tarjetas de crédito se acojan
puntualmente al mismo, y que la Superintendencia de Bancos, por su parte,
juegue con destrezas el rol fiscalizador que se amerita en este caso,
apoyándonos todos desde nuestros respectivos roles, en el desarrollo esquemas
efectivos que contribuyan a elevar el nivel de educación financiera de nuestros
tarjetahabientes, para que en ese esquema de doble vía y de apoyo
interinstitucional podamos satisfacer como país, los reclamos de esos usuarios
financieros de manera transparente, justa y en paz.
Hacemos provecho de la ocasión para
extenderle un cordial saludo, con mis sentimientos de alta consideración y estima,
Muy
Atentamente,
Lic. Héctor
Valdez AÍbizu
Gobernador y
Presidente de la Junta Monetaria
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